Sobre el Calvario de Juan de Juni

EL DESACIERTO DE UN TRASLADO
Por José Ignacio Marín Benito

Por segunda vez en doce años, El Calvario de Juan de Juni abandona Ciudad Rodrigo para instalarse en Valladolid. La primera fue en 1997, cuando el Estado lo compró y lo adscribió al Museo Nacional de Escultura, trasladándolo a la sede de San Gregorio en la ciudad del Pisuerga. Hasta entonces, El Calvario había estado en Ciudad Rodrigo desde su creación en 1556 para tumba del obispo don Antonio del Águila.
Con independencia de la legitimidad de la propiedad para decidir la ubicación de la pieza, lo que se plantea aquí es si la decisión del Patronato del Museo Nacional de Escultura (M.N.E.) es la más adecuada para el interés general de los ciudadanos. Desde luego no lo es para los intereses de Ciudad Rodrigo.
Subyace en esta decisión del traslado los ecos de un centralismo, que muchos ya creíamos superado en la España de las autonomías. Entiendo que no se puede despojar a una ciudad de su patrimonio cultural en beneficio de otra, existiendo la fórmula del depósito. Ejemplos existen muchos a lo largo y ancho de la geografía española. La voracidad centralista de algunos prebostes no es disculpa para que el Ministerio de Cultura decida el traslado del Calvario a Valladolid.
Dejando a un lado la hipocresía de algunos responsables políticos mirobrigenses, que antes defendieron y votaron en el Congreso de los Diputados una cosa y ahora defienden otra –en función del oportunismo de quién gobernaba en 1997 y quién lo hace en 2009-, la decisión del traslado del Juan de Juni a Valladolid, me parece personalmente un desacierto y un error de bulto. Fórmulas, para que la obra de Juni hubiera permanecido en Ciudad Rodrigo, hay muchas; sólo se tenían que haber buscado, echando mano del diálogo y del consenso en busca de una solución. En el primer traslado a Valladolid escribí que: “no se entiende que la decisión sobre el futuro del Calvario la deba tomar el patronato del Museo Nacional de Escultura (M.N.E.). Eso suena a lavarse las manos de algo en lo que el Ministerio de Cultura tiene toda la responsabilidad y competencia”. Hoy, varios años después, sigo pensando lo mismo. Si el M.N.E. es deficitario en obras de Juan de Juni, ello no es excusa ni puede justificar el expolio del Calvario a Ciudad Rodrigo. Hoy sigo sosteniendo que esta decisión es “una práctica anacrónica, no exenta de cierta prepotencia que conlleva, además, una afrenta colectiva”.
El comercio de obras de arte ha sido una práctica generalizada a lo largo de la Historia y lo seguirá siendo. Pero una cosa es el comercio y otras muy distinta es el despojo. Hoy, como es sabido, los mármoles de la Acrópolis de Atenas son el principal contencioso que enfrenta al Reino Unido con Grecia, ambos, países de la Unión Europea.
Durante muchos años también los Museos Nacionales Españoles fueron incorporando a sus fondos piezas de diversa procedencia. En aquellos tiempos: siglo XIX y, al menos durante la primera mitad del siglo XX, la concentración podía justificarse por el intento de salvar determinadas piezas que, por su valía, corrían el riesgo de desaparecer. Hoy esto ya no tiene mucho sentido. Primero, la propia configuración del Estado ha roto con la administración centralista; segundo, existe una mayor conciencia social y una mayor protección legal del patrimonio y, tercero, la proyección social de los centros y lugares históricos no puede llevarse a cabo si se menoscaba su contenido patrimonial.
La estancia en los últimos tres años de El Calvario en Ciudad Rodrigo es la mejor prueba de que, si se quiere y se tiene voluntad, pueden encontrarse soluciones para que el grupo escultórico permanezca en la ciudad para la que fue concebido.