Artículo de opinión
1% CULTURAL: Una asignatura pendiente
José Ignacio Martín Benito *
El artículo 71 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León contempla que “En el presupuesto de licitación de cada obra pública, financiada total o parcialmente por la Comunidad Autónoma, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 % de los fondos aportados por la Comunidad Autónoma con destino a financiar acciones de tutela del Patrimonio Cultural de Castilla y León” y añade: “Corresponde a la Consejería competente en materia de Cultura aprobar la normativa reglamentaria de desarrollo de la obligación establecida en este artículo”.
Pues bien, seis años después de haber entrado en vigor la ley de Patrimonio Cultural, la Junta de Castilla y León sigue sin desarrollar el reglamento relativo al 1 % cultural.
Es este un retraso injustificado, toda vez que el Estado y la mayor parte de las Comunidades Autónomas aplican ya el 1 % de la obra pública a fomentar y financiar los trabajos de conservación y enriquecimiento de los valores patrimoniales.
¿Qué significa el 1º % cultural? En la práctica poder inyectar recursos económicos a un patrimonio tan necesitado como es el de Castilla y León. Ocupamos el triste “honor” de ser la primera comunidad autónoma con más monumentos en ruina de toda España, según el informe que elabora la prestigiosa Asociación Hispania Nostra: cerca de ochenta monumentos en peligro, muchos de ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Si Castilla y León quiere tener en el patrimonio cultural uno de los pilares de su desarrollo turístico, no puede dilatar por más tiempo la aplicación de su propia Ley, que significa un compromiso firme -reglamentado- con la conservación, restauración y promoción de este patrimonio.
Tras la reforma, el Estatuto de Autonomía ha consagrado de nuevo al patrimonio como uno de los valores esenciales en la identidad de Castilla y León (art. 4º). El propio presidente Herrera, en su discurso de investidura hace ahora un año, anunció que la “marca de Castilla y León” se asentaría sobre el patrimonio cultural de la comunidad. Sin duda, así debe ser. Pero obras son amores...
Por eso, no se entiende que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno de la Junta haya rechazado hace tres meses una proposición no de Ley del grupo socialista por la que se quería instar a la Junta de Castilla y León a desarrollar el reglamento del 1 % cultural.
Ahora que finaliza el curso político, sería aconsejable que, durante el estío, los responsables del ejecutivo regional, con el presidente Herrera al frente, pudieran reflexionar sobre la necesidad de poner en marcha este reglamento, destinado a sostener e impulsar nuestra riqueza patrimonial. La política de gestión del patrimonio en nuestra comunidad exige una vuelta de timón en la Consejería de Cultura.
José Ignacio Martín Benito *
El artículo 71 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León contempla que “En el presupuesto de licitación de cada obra pública, financiada total o parcialmente por la Comunidad Autónoma, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 % de los fondos aportados por la Comunidad Autónoma con destino a financiar acciones de tutela del Patrimonio Cultural de Castilla y León” y añade: “Corresponde a la Consejería competente en materia de Cultura aprobar la normativa reglamentaria de desarrollo de la obligación establecida en este artículo”.
Pues bien, seis años después de haber entrado en vigor la ley de Patrimonio Cultural, la Junta de Castilla y León sigue sin desarrollar el reglamento relativo al 1 % cultural.
Es este un retraso injustificado, toda vez que el Estado y la mayor parte de las Comunidades Autónomas aplican ya el 1 % de la obra pública a fomentar y financiar los trabajos de conservación y enriquecimiento de los valores patrimoniales.
¿Qué significa el 1º % cultural? En la práctica poder inyectar recursos económicos a un patrimonio tan necesitado como es el de Castilla y León. Ocupamos el triste “honor” de ser la primera comunidad autónoma con más monumentos en ruina de toda España, según el informe que elabora la prestigiosa Asociación Hispania Nostra: cerca de ochenta monumentos en peligro, muchos de ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Si Castilla y León quiere tener en el patrimonio cultural uno de los pilares de su desarrollo turístico, no puede dilatar por más tiempo la aplicación de su propia Ley, que significa un compromiso firme -reglamentado- con la conservación, restauración y promoción de este patrimonio.
Tras la reforma, el Estatuto de Autonomía ha consagrado de nuevo al patrimonio como uno de los valores esenciales en la identidad de Castilla y León (art. 4º). El propio presidente Herrera, en su discurso de investidura hace ahora un año, anunció que la “marca de Castilla y León” se asentaría sobre el patrimonio cultural de la comunidad. Sin duda, así debe ser. Pero obras son amores...
Por eso, no se entiende que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno de la Junta haya rechazado hace tres meses una proposición no de Ley del grupo socialista por la que se quería instar a la Junta de Castilla y León a desarrollar el reglamento del 1 % cultural.
Ahora que finaliza el curso político, sería aconsejable que, durante el estío, los responsables del ejecutivo regional, con el presidente Herrera al frente, pudieran reflexionar sobre la necesidad de poner en marcha este reglamento, destinado a sostener e impulsar nuestra riqueza patrimonial. La política de gestión del patrimonio en nuestra comunidad exige una vuelta de timón en la Consejería de Cultura.
* Publicado en el El Norte de Castilla, 25 junio 2008
Etiquetas: Noticias de prensa, Opinión
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